Entre las transformaciones sociales experimentadas en España en las últimas décadas, una de las más destacadas es el aumento de la esperanza de vida, que nos ha convertido en uno de los países de población más longeva en el conjunto de las sociedades occidentales. Tenemos una esperanza de vida al nacer que supera los 83,3 años (2021), lo que nos sitúa como el país de mayor esperanza de vida de la Unión Europea y el segundo de la OCDE, tras Suiza.
Este incremento de la longevidad debe entenderse como un éxito de país, porque la evolución de la esperanza de vida sintetiza décadas de esfuerzo para consolidar nuestro Estado del Bienestar, entre cuyos pilares se sitúan una atención sanitaria pública y universal de calidad y una creciente mejora de los cuidados a largo plazo y de la atención a la dependencia. Un progreso que se ha traducido en un incremento de 7,5 años de longevidad media en las últimas cuatro décadas.
El aumento de la esperanza de vida es una tendencia global, que se intensificará en las próximas décadas, por lo que su análisis es fundamental para identificar sus consecuencias sociales, económicas, territoriales y políticas.
Así se recoge en el estudio prospectivo “España 2050”, que plantea que “preparar nuestro Estado de Bienestar para una sociedad más longeva” es uno de los desafíos de país. Un análisis que pone en valor el aumento de la esperanza de vida en buena salud, porque no sólo vivimos más, sino que lo hacemos en mejores condiciones y con mayor autonomía durante más años.
Pero el informe también alerta de las consecuencias que la tendencia al envejecimiento puede tener en aspectos como la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar, al afectar al gasto público en pensiones, al coste de la atención sanitaria, y al aumento de personas dependientes y la extensión del tiempo vital en dependencia.
Si los desafíos económicos y sociales del envejecimiento vinculados a la sostenibilidad del Estado de Bienestar han sido ampliamente analizados, no ha sido tan habitual centrar la reflexión en el impacto territorial que el aumento de la longevidad y el incremento de población mayor van a tener en nuestro país en las próximas décadas.
Un impacto que se refleja en las proyecciones demográficas del INE, y que se traducirán, por ejemplo, en el aumento de población mayor en las áreas urbanas. Las ciudades se van a convertir en espacios de mayores. En una comunidad autónoma mayoritariamente urbana y relativamente joven, como la Comunidad de Madrid, se prevé que las personas mayores aumenten desde los 1,2 millones de habitantes en 2022 hasta los 1,8 millones en 2037, lo que supondrá que casi una cuarta parte de la población habrá superado los 65 años, y de ella, una tercera parte tendrá más de 80 años.
Aún mayores son los efectos del envejecimiento en las áreas rurales. En la actualidad, en los municipios de menos de 5.000 habitantes, una cuarta parte de la población ya supera los 65 años, y en casi 3.000 municipios rurales la población mayor de 65 años es uno de cada tres residentes.
Una provincia como Zamora tiene más de un 30% de su población por encima de los 65 años (2022), y se espera que en 2037 el porcentaje supere el 40%. En torno a 2040 serán habituales los municipios rurales en los que más de la mitad de su población supere los 65 años, y en los que al menos el 20% de su población haya cumplido 80 o más años.
El medio rural es el ámbito en el que mejor se aprecia que el envejecimiento es un reto de país. Áreas rurales estructuradas en torno a un amplio conjunto de pequeños núcleos que cuentan con muy pocos servicios y en los que reside una población mayor que frecuentemente vive sola.
Según la Encuesta Continua de Hogares (2020), en los municipios de menos de 1.000 habitantes, casi el 20% de los hogares están compuestos por personas mayores de 65 años que viven en soledad. En los más pequeños, municipios de menos de 100 habitantes, ya uno de cada tres hogares es habitado por una persona mayor de 65 años que vive sola.
El reto demográfico, en lo que concierne a la atención a las personas mayores y a la adaptación a una sociedad más envejecida, representa un desafío para la transformación estructural de los espacios en los que vivimos. En primer lugar, hemos de repensar las transformaciones en torno a la vivienda y el derecho de las personas mayores a mantener en lo posible su residencia habitual.
Ello implica que miles de viviendas deberán adaptarse para facilitar la vida cotidiana, al tiempo que deben mejorar su eficiencia en torno a la transición energética, y facilitar la atención a las personas mayores en su hogar, a partir de la mejora de la conectividad y la digitalización que permitan la teleasistencia.
Asimismo, es imprescindible reflexionar en torno a la prestación de servicios para las personas mayores en el territorio, y muy especialmente en el medio rural: cómo asegurar el acceso y la prestación próxima de servicios públicos como la sanidad, los servicios sociales, la cultura…; mejorar la atención a las personas dependientes que necesitan recibir cuidados o residir en centros específicos; garantizar servicios de transporte público adaptado; o facilitar el acceso físico a servicios como tiendas de productos básicos, farmacias, servicios financieros, correos, etc.
Finalmente, el reto demográfico implica también evitar las brechas intergeneracionales y favorecer la cohesión en el territorio de mayores, adultos, jóvenes, infancia, etc. en un proyecto social compartido, especialmente en comunidades locales de pequeñas dimensiones.
Pero si el envejecimiento es un reto, el aumento de la longevidad en buena salud también abre nuevas oportunidades para el crecimiento económico y la transformación territorial en torno al concepto de “economía silver”.
Es imprescindible aprovechar el capital humano y social, el conocimiento y las competencias de las personas mayores, próximas a la conclusión de su vida laboral, favoreciendo la conexión intergeneracional con los trabajadores jóvenes. Más aún cuando las proyecciones demográficas plantean la conveniencia de extender, cuando sea posible, el periodo de actividad de los trabajadores.
También se plantean oportunidades para crear e impulsar un sector económico dirigido a la población silver, que generen en los territorios una oferta de productos, servicios y actividades adaptada a las necesidades de las personas mayores, en ámbitos como el del ocio, el cuidado personal, la producción artesanal, la sostenibilidad, la corresponsabilidad y las relaciones intergeneracionales o la atención progresiva a la dependencia.
Y, asimismo, relacionado con la extensión de la digitalización y la mejora de la conectividad del territorio, la economía silver plantea también oportunidades en la atención a las personas mayores y dependientes.
La tecnología, con la mejora de la sensorización, la extensión de los servicios de teleasistencia, el avance de la inteligencia artificial y la capacitación digital de las personas, abre la puerta a nuevas formas de atención a la población mayor, y puede facilitar mayor libertad a la hora de poder elegir el lugar de residencia durante más tiempo. También con la extensión de nuevas formas de residencia para mayores en torno a conceptos como el cohousing o el coliving.
En definitiva, el aumento de la longevidad y la tendencia hacia una pirámide demográfica más envejecida van a ser desafíos a los que España se va a enfrentar en las próximas décadas, lo que requerirá abordar cambios estructurales que permitan asegurar el mantenimiento de la calidad de vida y la adaptación de nuestro Estado de Bienestar. Al tiempo, la atención a la población mayor puede ser la base para emprender oportunidades, en torno a la economía silver, que faciliten la transformación estructural de la sociedad y el conjunto del territorio.